Una historia de impunidad en Tabasco.

La actividad petrolera realizada por la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), juega un papel estratégico en la economía mexicana. Sin embargo, en muchas zonas la extracción petrolera no se refleja en mejores condiciones de vida de la población y, al contrario, ha impactado a otras actividades productivas. Para contrarrestar los reclamos y manifestaciones de descontento social, PEMEX canaliza recursos destinados al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población asentada en las cercanías de sus instalaciones petroleras, previa autorización de su Consejo de Administración. Estos recursos se entregan principalmente a gobiernos estatales y municipales y en menor medida a Asociaciones Civiles.

La información pública de fácil acceso, que se encuentra en la página electrónica de PEMEX, presenta poca información para conocer el destino y el uso de estos recursos y no presenta informes y evaluaciones de la aplicación de estos.

Esta falta de información, además de que impide detectar posibles desvíos de recursos, no permite conocer la forma de acceder a determinados apoyos, o quiénes son los responsables para tramitar la canalización de estos recursos.

Todo lo antes mencionado aunado al hecho de que Tabasco es la entidad que, entre 1995 y 2006, recibió más fondos de apoyo social de PEMEX (seguido por Campeche), así como el hecho de que es un Estado que no contó con una Ley Estatal de Transparencia y acceso a la información hasta el 28 de diciembre de 2006 –la cual no podrá ser utilizada por la ciudadanía hasta el 2008- hizo del monitoreo de los recursos asignados a Tabasco por PEMEX un caso interesante para estudiar.

Después de casi un año de búsqueda de información ante instancias federales –utilizando la ley federal de transparencia y acceso a la información publica gubernamental- y que fueron las que entregaron la mayor parte de la información obtenida, misma que nos permitieron delinear este rompecabezas y saber cuales eran las piezas que faltaban.

A la par se realizaron peticiones de información a los municipios y a las instancias estatales encargadas del manejo y fiscalización de estos recursos, con poco éxito, lo que nos obligo incrementar significativamente las solicitudes de información a PEMEX.

Este proceso incluyo la presentación de un amparo ante un juez federal por que la Secretaria de Contraloría del estado de Tabasco (SECOTAB), niega la entrega de las auditorias realizadas a la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (CIMADES), -organismo encargado del Manejo de los recursos que PEMEX entrega al gobierno del estado de Tabasco- apoyada, la SECOTAB, en la inexistencia de una ley que la obligara a entregar información a la ciudadanía, y pesar de favorecernos el resolutivo del amparo la SECOTAB niega nuevamente la entrega de las auditorias, argumentando que estas no existían.

Es importante mencionar que las auditorias que SECOTAB negaba existieran nos fueron entregadas a principios del 2007 por la nueva administración de la CIMADES a petición de PEMEX, dada el gran numero de solicitudes que se habían presentado para conocer el uso y fiscalización de los recursos y a que, en propias palabras de personal de PEMEX, los estábamos distrayendo mucho y prácticamente estaban trabajando para nosotros, Santo Tomas y Fundar, lo que le salía muy caro a PEMEX, de ahí que pidieran a la CIMADES que nos apoyara proporcionándonos la información que tenían en sus manos.

Como resultados de la investigación se detectó que en el ámbito federal existen vacíos de información —reflejados en la inexistencia de documentación— con respecto al uso y la evaluación de los recursos destinados al Estado de Tabasco.

En Tabasco se constató una falta de disposición por parte de los gobiernos municipales y del estatal de informar a la ciudadanía sobre el uso de estos recursos. La poca documentación obtenida de PEMEX sobre el uso de los recursos y la actitud poco transparente de las instancias estatales encargadas de vigilar su aplicación, imposibilitó conocer y monitorear el destino final de las donaciones y donativos, reforzando la opacidad en el manejo de los recursos públicos.

A partir de la documentación encontrada, fue posible concluir que la entrega de recursos por parte de PEMEX al gobierno estatal y municipal responde más a presiones políticas por parte del estado, municipios y líderes sociales que a políticas concertadas entre estos actores y la sociedad tabasqueña para promover el desarrollo social de las comunidades afectadas por la actividad petrolera.

No se encontró información que indique que la CIMADES cuente con lineamientos y criterios para la entrega de recursos a los municipios. La zona más beneficiada por el flujo de recursos es donde se ubica la capital del Estado, en cambio, municipios con muchos rezagos económicos y sociales han recibido menos recursos.

Los recursos donados por PEMEX al gobierno estatal no se han utilizado de manera adecuada, por decir lo menos, según las observaciones de las auditorias externas realizadas a la CIMADES que advierten una mala utilización de dichos recursos.

Estos resultados fueron presentados el 30 de julio del 2007 en la Cámara de Diputados del estado de Tabasco, y como anécdota podemos mencionar que ese día por la mañana se recibió llamada de parte de la oficialía mayor del congreso del estado señalando que querían conocer el documento que se presentaría, ya que en un diario local se había sacado avances del documento y se estaba cuestionando al anterior gobernador y que la biblioteca del congreso no se nos podía facilitar para eventos políticos. Nosotros aceptamos proporcionarle el documento para su revisión, adicionándoles cuatro hojas más, nuestra petición formal de revisión y fiscalización de los recursos entregados por PEMEX al gobierno del Estado.

A pesar de que se invitan a todas y todos los diputados locales y federales por Tabasco, solo asiste una diputada y un diputado local.

En un caso muy relevante, al día siguiente, los diarios locales le dan desde paginas principales hasta las ocho columnas a los resultados de la investigación, la radio logra una entrevista con la actual titular de la CIMADES quien acepta muchas de las cosas que se mencionan en el documento, y a su vez lo descalifica al asegurar que se manipularon las cifras sobres las cantidades otorgadas por PEMEX a Tabasco, la radio bautiza al caso como la CIMADES-GATE- ORADE.

A partir de ahí se desata en algunos sectores de la prensa local una seria de ofensiva hacia nuestra organización alegando manipulación de información, que se estaba haciendo el trabajo sucio a PEMEX para que este ya no entregue recursos a Tabasco, y hubo quienes señalaron que este documento era una avanzada del gobierno legitimo por recuperar espacios en Tabasco y reactivar la industria de la reclamación.

Cabe mencionar que el documento se envió al Consejo de Administración de PEMEX, al Congreso Federal y a la Secretaria de la Función Pública. Como resultado de lo anterior la Comisión especial de investigación de daños ecológicos y sociales de PEMEX emite un punto de acuerdo en la que se pide información a PEMEX y al gobierno del Estado sobre los recursos que ha manejado la CIMADES en Tabasco, PEMEX ya ha entregado información y ¿adivinen quien falta?.

Así miso el diputado federal por Tabasco Moisés Dagdug Lutzow propuso en el pleno del congreso solicitar a la Secretaria de la Función Publica auditar los recursos que PEMEX ha entregado a Tabasco la cual fue aprobada.

En su visita a Tabasco, a principios de septiembre de este año, el actual director de PEMEX señala que se han entregado recursos a Tabasco bajo los nuevos lineamientos aprobados el 29 de agosto del 2007, en la que se incluyen muchas de las recomendaciones que se emitieron en el documento de investigación.

Paradójicamente a los buenos resultados que se logran a nivel federal a nivel local es casi nula las acciones por transparentar el uso de los recursos manejados por la CIMADES, a pesar de que el documento se presenta a congreso local pidiendo se realizaran auditoria a los recursos que el gobierno recibió de PEMEX, este contesta tres meses después, señalando que nuestra petición fue canalizado el 31 de julio a la Comisión Inspectora de Hacienda Numero 1, sin que hasta este momento sepamos el dictamen final que ha recaído a esta petición.